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Aunque no tan violento como el abuso sexual de primer grado, el abuso sexual de segundo grado en Washington, D.C., se toma muy en serio y suele acarrear graves consecuencias, incluyendo penas de cárcel. Por este motivo, si le imputan cargos, o incluso si le acusan, de abuso sexual de segundo grado, debe tomarse el caso en serio y consultar con un abogado especializado en abuso sexual en D.C. lo antes posible para comenzar a preparar su defensa.
Un abogado penalista en Washington D.C. puede analizar los hechos y las circunstancias del caso de la fiscalía y ayudarle a desarrollar la defensa más sólida posible con base en las pruebas en su contra. Programe una consulta para obtener más información sobre cómo un abogado especializado en casos de abuso sexual en Washington D.C. puede ayudarle.
El abuso sexual de segundo grado implica que una persona realiza un acto sexual con otra persona, pero en lugar de obligarla a hacerlo mediante el uso de fuerza física o dejarla inconsciente, el abuso sexual de segundo grado es cuando usted amenazó o puso a la otra persona en un temor razonable de que serán sometidos a muerte, lesiones corporales o secuestro.
El abuso sexual de segundo grado también puede ocurrir cuando la persona sabe o tiene motivos para saber que la otra persona es incapaz de evaluar la naturaleza de la conducta, de rechazar la participación en el acto sexual o de comunicar su negativa a participar en dicho acto. Esto significa participar en un acto sexual con alguien que es incapaz de dar su consentimiento. Este es un escenario extremadamente común en el que una persona está intoxicada o bajo los efectos de drogas o alcohol, y el individuo se aprovecha del estado mental o físico de la otra persona y de su incapacidad para consentir. Este es el escenario más común de abuso sexual grave que suelen ver los abogados especializados en abuso sexual en Washington D.C.
Este es el delito grave de abuso sexual más grave que se puede imputar cuando una persona no utiliza la fuerza, sino que se aprovecha de otra persona que no puede dar su consentimiento debido a su discapacidad. El gobierno siempre intentará presentar estos cargos si se trata de una situación en la que una persona simplemente no pudo dar su consentimiento. Si el gobierno no puede probar que el sospechoso literalmente obligó o amenazó a la otra persona, entonces se trata más bien de una situación en la que se vio perjudicado.
El gobierno intentará presentar cargos en estos casos incluso cuando la otra parte no haya mencionado o alegado falta de consentimiento. El argumento sería que esta persona simplemente no estaba en condiciones de dar su consentimiento voluntariamente. Verá que el gobierno a menudo persigue un cargo de segundo grado en un caso en el que una persona está más intoxicada que la otra.
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